La Cámara de Diputados de la provincia determinó la suspensión de Janina Ortiz, exfuncionaria de Las Heras y diputada por La Unión Mendocina. La resolución, que contó con 34 votos a favor, 4 abstenciones y 9 en contra, se produce en el contexto de investigaciones judiciales por fraude al Estado y coacciones agravadas que enfrenta la ahora la legisladora.

El respaldo al oficialismo para esta medida provino no solo de su propio partido, sino también del Partido Verde y la mayoría del bloque peronista, generando un intenso debate legislativo que se prolongó durante horas. La suspensión, que implica la interrupción de sus funciones como diputada y la suspensión del cobro de su dieta parlamentaria, se fundamenta en el artículo 91 de la Constitución de Mendoza, que establece la "indignidad" como causa de suspensión para los legisladores.

Sin embargo, la postura del Partido Justicialista fue objeto de análisis y debate durante la sesión. Mientras algunos diputados peronistas respaldaron la medida, otros optaron por abstenerse. Esta discrepancia se reflejó en la deliberación previa, donde miembros del PJ argumentaron dar libertad de acción a sus diputados, aunque finalmente, cinco de ellos votaron a favor de la suspensión de Ortiz.

El presidente del bloque del PJ, Germán Gómez, expresó durante el debate la importancia de respaldar la decisión de suspensión, enfatizando en la necesidad de "defender las instituciones y ponerse a disposición de la justicia". 

Sin embargo, la postura del kirchnerismo dentro del peronismo mendocino también fue notable, con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti manifestando su oposición a la suspensión a través de redes sociales: "El límite siempre es la democracia y las instituciones. Acá no hay dobles interpretaciones ni defensa de nadie, la Constitución manda".

La incertidumbre sobre el futuro político de Ortiz y el impacto de esta suspensión en el panorama político provincial son cuestiones que seguirán siendo objeto de análisis y debate en los próximos días.