Tras la finalización del decreto que congelaba los alquileres y establecía la prohibición de desalojos, Inquilinos Agrupados, en representación de la Federación de Inquilinos Nacional, presentó un amparo y una medida cautelar para que la Justicia le pida al Estado que frene los desalojos "hasta tanto tenga un plan real para contener y proteger la vivienda".

"El protocolo difundido por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat aún es un proyecto y los inquilinas e inquilinas necesitan no quedar en la calle hoy frente a la emergencia sanitaria y la llegada de la segunda ola. Sin vivienda, hoy, se pone en riesgo la vida", indicó la organización en un comunicado.

La presentación se realizó en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 6 de la Capital Federal.

A su vez, advirtieron que "la reactivación de desalojos de vivienda en momentos donde el Gobierno nacional oficializa la segunda ola con circulación de nuevas cepas puede provocar una crisis humanitaria sin precedentes en el país".

Desde Inquilinos Agrupados agregaron que 15 días atrás junto al CELS interpusieron pedidos de acceso a información pública sobre desalojos en pandemia: "Entre otras cosas, le preguntamos al Ministerio de Salud si se le pidió opinión y/o evaluó el impacto que los desalojos tendrían en términos sanitarios y epidemiológicos en plena escalada de casos y las medidas previstas para evitar el contagio de las personas desalojadas y la propagación del virus".

Según aseguraron, no obtuvieron ninguna respuesta oficial.

Por último, el comunicado señala que en apenas 45 días de 2020 se iniciaron la mitad de desalojos que en todo el 2019.

El DNU que suspendía el desalojo de inquilinos que no pudieran pagar por el inmueble en el que viven venció el 31 de marzo.